Editorial
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La Comunidad de Madrid se burla de los villaodonenses desde hace diecisiete años

10032016-Arroyo-de-la-Vega

Un grupo de vecinos, hartos de la tomadura de pelo con la que lleva tratando la Comunidad de Madrid a los villaodonenses desde hace 17 años, decidieron el pasado día 28 de diciembre, durante el transcurso del Pleno, manifestarse en la Plaza de la Constitución exigiendo una solución al grave problema medioambiental que sufrimos desde hace 17 años, cuando la Comunidad de Madrid, en las obras de construcción de la nueva M-501, destruyó la depuradora que daba servicio a la zona UA 11 (El Bosque) y a la Universidad Europea, produciéndose desde entonces continuos vertidos incontrolados de aguas fecales al arroyo de la Vega, por los que, encima, hemos sido multados por la Confederación Hidrográfica del Tajo (órgano del que depende el arroyo) en varias ocasiones por un valor superior a los 200.000 €.
Previamente a estas movilizaciones vecinales, nuestro Ayuntamiento en 2016 requirió a la Comunidad de Madrid la solución a este problema y el pago de las sanciones, a lo que la Comunidad de Madrid respondió con un total silencio.
Es sangrante que durante diecisiete años la Comunidad de Madrid haya ignorado el desastre que originó su actuación y que no haya querido asumir su responsabilidad, castigando a los vecinos de Villaviciosa de Odón, que nada tuvimos que ver con el desastre.
En el pasado Pleno se aprobó la creación de una adenda al convenio con el Canal de Isabel II que permitirá al Ayuntamiento la ejecución de las obras hidráulicas y la construcción de un colector que conectará con la estación de bombeo del Monte de la Villa, que deberá ser ampliada para adaptarse a la ampliación del nuevo caudal y cuyo coste está previsto alcance los 350.000 €.
Mientras tanto sigue adelante el contencioso administrativo recientemente interpuesto por nuestro Ayuntamiento contra la Comunidad de Madrid en la que se reclama el importe de las sanciones pagadas hasta el momento con sus correspondientes intereses y se tendrá que añadir el coste de los 350.000 € que costará la solución definitiva.
Una pregunta que queda en el tintero y cuya respuesta duele en todos los sentidos es la siguiente: ¿Cómo es posible que se haya tardado 17 años en demandar a la Comunidad de Madrid por estos hechos y buscar una solución?
Hay que reconocer que con la llegada de la concejal María de los Ángeles Méndez, por fin, está en vías de solución este maloliente tema.

Roberto Alonso Santamaría

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