Cambios de uso mediante la política de hechos consumados afectan a la urbanización El Bosque

Con dos informes jurídicos desfavorables por motivos de inadecuación del uso, en el proyecto inmobiliario de la calle Duero 47 lo que fuera el colegio Virgen del Bosque (rehabilitación de siete edificios más la construcción de dos nuevos), el Alcalde y su equipo de gobierno han acordado la continuidad de las obras.

Se trata de una parcela en la que la normativa vigente solo permite un uso educativo, sin embargo, ya en la fase de informe de viabilidad urbanística firmado por el concejal Joaquín Navarro y también después en la fase de licencia de obras, el Ayuntamiento admitió que el 65% de la edificabilidad fuera destinada a alojamiento temporal, un uso residencial encubierto que ya entonces inducía a un fraude de ley con el beneplácito de algunos. Ni las quejas de los vecinos que se multiplican cada día por ruidos y deudas a la entidad urbanística, ni los informes jurídicos de los técnicos municipales que son desfavorables, parecen preocupar a nuestros políticos, incluida la oposición municipal que mira hacia otro lado, a pesar de las responsabilidades civiles y penales que conllevan decisiones como esta.

Todo apunta a una decisión política en beneficio del interés particular y no del interés general por ello debe aclararse cuanto antes; ¿por qué tanto cambio de mercantiles y de sus responsables cada vez que entran y salen inversores?, ¿cuál es la actividad real del proyecto?, ¿por qué se permite continuar con las obras si está constatado el incumplimiento de la normativa urbanística?, ¿qué razones de interés público hay para dar viabilidad jurídica a este proyecto y como debería tramitarse?, ¿en qué perjudica o beneficia a los vecinos colindantes, a las redes generales de la urbanización y, en particular, al consumo de agua de pozo?, también al modelo de ciudad y por último ¿cuáles son las cargas urbanísticas de un cambio de uso?.

Algo parecido podría estar ocurriendo en la nueva residencia de estudiantes de El Bosque en la calle Guadiana al alquilar estudios a usuarios no estudiantes. El Ayuntamiento debería comprobarlo y si se constata que se trata de un cambio de uso encubierto, actuar. Los incrementos de población afectan a los que ya habitan por la insuficiencia de infraestructuras básicas entre otras, porque cuando los promotores inmobiliarios no hacen bien lo que deben y especulan nos toca pagar a todos y cada uno de los vecinos •